Durante los últimos años las empresas participantes crecieron un 20% – de estas nuevas empresas, 8 de cada 10 eran empresas con menos de 5 trabajadores – lo que supuso el incremento de un 10% más de participantes. Así mismo, se incorporaron al sistema un 30% de nuevas Entidades Organizadoras.

En los últimos años ha aumentado las tasas de cobertura tanto de empresas como de trabajadores participantes (un trabajador puede participar en una o más acciones formativas). En concreto, si se toma como referencia los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la tasa de cobertura de las empresas registradas fue del 33% y la de trabajadores del 16%. Utilizando los datos de la EPA la tasa se sitúa en torno a un 20% de trabajadores del sector privado.

En cuanto a la eficiencia, han sido las pequeñas empresas – con un crédito asignado de 420 € – las que más crecieron en número y en presupuesto, situando en más de un 60% el número de empresas españolas que sólo realiza formación bonificada. Esto significa que este sistema de ayudas está sustentando la formación de un número considerable empresas y de sus trabajadores en nuestro país.

Un 93% de trabajadores y un 76% de las empresas están de acuerdo o muy de acuerdo en que la formación se ajustó a sus necesidades. Destacando como principales impactos de la formación, tanto por los propios empresarios (81%), como por los propios trabajadores (entre el 70 y 80%) su incidencia en el incremento de su empleabilidad, inducida por una incidencia en la mejora de la cualificación profesional, del desempeño y del desarrollo personal de los trabajadores.

Respecto al impacto de la formación en el mantenimiento del empleo y en la competitividad de las empresas, el informe concluye que ha sido moderado, según el 66% de los empresarios ha tenido incidencia en este sentido. Ambos grupos, empresarios y trabajadores señalan la escasa o nula incidencia de esta formación sobre la mejora de las condiciones laborales.

La evaluación pone de manifiesto que existe todavía un limitado conocimiento general de la formación de demanda, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Se apunta que es necesario delimitar y redefinir el papel de las entidades organizadoras que constituyen uno de los elementos clave para la extensión del sistema.

Otro de los aspectos que cuestiona es el relativo al tipo de formación que se financia: la formación a distancia, genérica y de nivel básico concentra el mayor número de horas finalizadas y aumenta su protagonismo, aunque las acciones presenciales siguen siendo las más numerosas.

Así mismo, aumenta significativamente la duración promedio en las acciones genéricas y de nivel básico. Estos resultados muestran que algunos aspectos del sistema dificultan que las empresas financien a través de la iniciativa formación más específica a la vez que potencian el aumento de la formación a distancia.

También ha señalado que, en las empresas que se acogen a esta iniciativa, han accedido a la formación, principalmente, los trabajadores más estables y consolidados. Por tanto, es necesario introducir algunas medidas o mecanismos que impulsen la participación de otros colectivos como jóvenes, trabajadores temporales y a tiempo parcial.