Según la normativa actual sobre formación profesional para el empleo, la exigencia esencial para la aplicación de la bonificación de los cursos no es la obtención de un “certificado FUNDAE”, sino la existencia y custodia de una trazabilidad documental suficiente que acredite, de forma coherente y verificable, (i) la realidad de la acción formativa, (ii) su correcta organización e impartición, y (iii) la realidad del coste y su pago, a disposición de los órganos competentes de seguimiento y control
