Puede afirmarse que el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ayuda a la mejora de la empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores de nuestro país, por ejemplo en Formación de Demanda participan más de cuatro millones de empleados y más de 480.000 empresas formadas. El modelo tiene deficiencias basadas en su falta de visión integral, aunque desde hace 15 años se intenta resolver con integración efectiva de la formación continua y la ocupacional, dirigidas a los trabajadores ocupados y desempleados.
También falla la escasa vinculación con la realidad empresarial, la no disponibilidad de un sistema integrado, la falta de la evaluación de su impacto, escasez de mano de obra especializada, … De un modo general, las personas con mínima formación y menor nivel de competencia tienen el doble desempleo, y en los últimos 7 años entraron en las listas de paro el 50% de los que no superaron la educación primaria.
Desde febrero de 2012 se plantearon algunas medidas como un derecho individual a la formación de los trabajadores, apoyar la formación en TIC y internacionalización. También se utiliza dinero del Fondo Social para poner en marcha una Estrategia de Emprendimiento y Empleo y un Sistema de Garantía Juvenil. También se pone en marcha la cuenta y el cheque de formación.
Es necesario reorientar el sistema productivo hacia una mayor competitividad y capacidad innovadora de las empresas, junto a una eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. También es necesario corregir una de las principales ineficiencias identificadas en el sistema: la no anticipación de las necesidades de las empresas y no responder a un diagnóstico de la realidad.
Es importante aplicar la libre concurrencia competitiva abierta a todos, donde podrá participar los centros de formación acreditados o inscritos. También se plantea la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en cursos incidenados o fraudulentos, ya sean ayudas, subvenciones o bonificaciones.
El nuevo sistema de formación profesional intenta contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, atender a las necesidades de las del mercado de trabajo y empresas, mejorar empleabilidad de los trabajadores, y promover las competencias profesionales.
