Las bonificaciones que las empresas reciben por formación programada para sus empleados ha sido noticia en todos los medios de comunicación. El sistema de formación bonificada se creó en 2004 y, desde ese año hasta ahora las empresas han podido bonificar su formación continua voluntaria y obligatoria. No ha habido ninguna modificación normativa ni nueva ley que explique el motivo del cambio de criterio por parte de la Inspección de Trabajo, como indica la CEOE.
Parece ser que Sepe e Inspección de Trabajo han cambiado su manera de actuar respecto a los cursos de PRL y los de formación obligatoria, que llevan 19 años bonificándose sin ninguna incidencia. Además la CEOE indica que “Y no sólo es que no se concedan las bonificaciones, sino que se pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y de sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial a la PYMES y a aquellos negocios de menor tamaño”.
En un documento interno del Servicio Público de Empleo (SEPE) se indica a todas las delegaciones territoriales de España que la Inspección de Trabajo está planteando problemas al no permitir que negocios y empresas pequeñas, medianas y grandes bonifiquen la formación obligatoria. “El asunto se encuentra en los primeros trámites de los procesos y se están recibiendo las actas de infracción”. “Hay un sector que está siendo más castigado: el servicio de prevención ajena. Este sector, además de actuar en prevención de riesgos laborales, llevan a cabo mucha formación en esta materia. Y las actas de infracción se han dado sobre todo en esta actividad”.
El sistema de formación bonificada o de Demanda se creó en 2004, y desde ese año hasta ahora, casi 20 años, las empresas y negocios han podido bonificar su formación voluntaria y obligatoria, y sólo se basa en una sentencia que no crea jurisprudencia y que utiliza normativa de la reforma laboral de 2012, donde se señaló un nuevo derecho para los trabajadores, que consistió en un permiso retribuido de 20 horas de formación al año. Se ha entendido, y mal entendido, que la formación obligatoria no es bonificable. Es decir, mezcla la bonificación con el permiso retribuido que establece la norma.
CEOE y CEPYME ya han solicitado una reunión con el Ministerio de Trabajo por la inseguridad jurídica. Se genera una inseguridad jurídica en todas las empresas de España. Y no hay que olvidar que cada día hay más formación obligatoria. Actualmente, normativas de todos los ámbitos exigen a las empresas la obligación de impartir formación en diferentes materias, ya sea prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos o, por ejemplo, se ha aprobado recientemente una ley para la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral.
Por otro lado, CEIM indica que según el Director Territorial del SEPE, la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo ha elevado consulta a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social para que determine el criterio a aplicar en relación a la posibilidad de bonificar la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Ante este nuevo escenario, el Director nos informa de que “en tanto en cuanto no se disponga de dicho criterio, no se van a incidentar cursos que se encuentren en esta situación”.
